Visto:
El Anteproyecto de Reforma del
Código Penal, elaborado por una comisión encabezada por el Dr. Eugenio
Zaffaroni, el que, lejos de contribuir a resolver los graves problemas de
seguridad que sufre nuestro país,
propicia un tratamiento más benévolo a los futuros delincuentes, dando
lugar además a una oleada de revisiones de sentencias judiciales condenatorias,
con seguras reducciones de penas disponiendo así la
libertad a miles de delincuentes, en una suerte de amnistía general, cuyos
límites, de aprobarse el Anteproyecto, son imposibles de predecir; y
Considerando:
Que, dicho Anteproyecto de Ley prevé
una reducción generalizada y significativa de las penas establecidas
para muchos delitos.
Que, a modo de ejemplo se pueden mencionar los siguientes:
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Robo
con armas: se baja la pena actual de 5 a 15 años (art. 166 inc. 2 del CP), a 3
a 12 años (art. 141 inc. 2 del Anteproyecto)
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Robo
seguido de muerte: se reduce la pena máxima actual de 25 años a 18 años.
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Comercio
de estupefacientes: Se baja la pena actual de 4 a 15 años (art. 5 inc. C de la Ley 23.737), a la pena
de 3 a 10 años.
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Tortura:
Se reduce la pena máxima actual de 25 años (art. 144 ter del CP) a 20 años.
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Reducción
a la servidumbre: Se reduce la pena actual de 4 a 15 años (art. 140 del CP), a
la pena de 3 a 15 años.
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Secuestro
de persona: Se reduce la pena actual de 5 a 15 años (art. 142 del CP) a 4 a 15
años.
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Secuestro
agravado por muerte no querida: Se reduce la pena actual de 15 a 25 años (art.
142 bis del CP) a 6 a 25 años.
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Trata
de personas: Se reduce la pena actual de 4 a 8 años (art. 145 bis del CP) a 3 a
8 años.
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Trata
de menores: Se reduce la pena actual de 10 a 15 años (art. 145 ter del CP) a 4
a 15 años.
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Sustracción
de menor: Se reduce la pena actual de 5 a 15 años (art. 146 y 147 del CP) a 3 a
15 años.
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Abuso
sexual gravemente ultrajante: Se reduce la pena actual de 4 a 10 años (art. 119
del CP) a 2 a 10 años.
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Abuso
sexual agravado: Se reduce la pena actual de 8 a 20 años (art. 119, párr. 4) a
6 a 18 años.
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Promoción
de la prostitución de menores: Se reduce la pena actual de 10 a 15 años (art.
120) a 4 a 10 años.
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Se
elimina la promoción de prostitución de mayores y el proxenetismo.
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Se
elimina la tenencia de pornografía infantil
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Homicidio
culposo en ocasión de robo: Se reduce la pena actual de 10 a 25 años (art. 165
del CP) a 5 a 18 años (art. 141.4 del AP).
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Extorsión:
Se reduce la pena actual de 5 a 10 años (art. 168 del CP) a 3 a 8 años.
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Contrabando
agravado (por intervenir un funcionario público, por el monto o tipo de
mercadería): se reduce la pena actual de 4 a 10 años, a la pena de 2 a 10 años.
Que, las consecuencias de esta reducción generalizada de las penas no
sólo es gravísima porque se reduce la sanción que se impondrá por la comisión
de dichos ilícitos, sino también porque los delitos en los que la pena aplicada
en concreto pueda ser de tres años (ahora casi todos), el delincuente puede
solicitar la suspensión del juicio a prueba, también llamada “probation”.
Que, en la “probation”, el proceso penal se suspende con la condición de
que el imputado cumpla durante 1 a 3 años con ciertas condiciones que impone el
juez y que en la práctica suelen ser absolutamente insignificantes.
Que, de esta manera, el delincuente que incurra en un robo con armas,
comercio de estupefacientes o en un abuso sexual gravemente ultrajante podrá no
cumplir pena y, en vez, realizar trabajo comunitario.
Que, no puede dejar de mencionarse que, en la actualidad, es imposible
controlar el cumplimiento de las “probations”, por lo que al reducir las penas
de numerosos delitos, permitiéndoles acceder a este beneficio, habrá infinitos
casos de imputados con “probation” que obviamente serán imposibles de
controlar.
Que, la reducción generalizada de las penas no sólo da lugar a la
posibilidad de acceder al beneficio de la “probation”, sino que también dará
lugar a que los condenados con penas de 3 o menos años, no cumplan pena de
prisión, sino una pena alternativa que establecerá el juez.
Que, las penas alternativas que establece el Anteproyecto son: la
detención domiciliaria (el condenado cumple su pena en su casa y no en la
cárcel), obligación de residencia (el juez le indica un territorio por el que
puede desplazarse); prohibición de residencia y tránsito (el condenado no puede
residir ni transitar por ciertos lugares); trabajos comunitarios; multa
reparatoria (sustituye la cárcel por una sanción monetaria); detención de fin
de semana (el condenado estaría preso los fines de semana); cumplimiento de
instrucciones judiciales (el juez establece pautas de conducta).
Que, estas sanciones, además de ser penas meramente simbólicas, son de
imposible supervisión y control en su ejecución. En este sentido, tal como se
manifestó respecto del control del cumplimiento de las “probation’, los
mecanismos actuales de control también serían absolutamente ineficientes e
insuficientes para controlar estas penas alternativas.
Que, por otro lado, el propio Anteproyecto establece en el artículo 27
que, en el caso del trabajo voluntario, el control no podrá ser realizado por
los organismos de seguridad y, en cambio, serán las autoridades de los
establecimientos donde se cumpla la pena los encargados de controlar”.
Que, debe agregarse, además, que las penas alternativas no son solo para
condenados primarios por delitos leves. Por lo contrario, el Anteproyecto deja
a discreción del juez cuando reemplazar la pena de prisión por una pena
alternativa, por lo que se podría reemplazar la pena por cualquier delito e
incluso a reincidentes y multi reincidentes.
Que, en este sentido, el Anteproyecto establece que se reemplazará la
pena para los casos de condenados con penas de 3 a 10 años, luego de cumplida
la mitad de la pena de prisión, y para condenados con penas de más de 10 años a
partir del cumplimiento de dos tercios de la misma. Al ser discrecional,
incluso se podrá reemplazar dichas penas con anterioridad al cumplimiento de
los plazos mencionados.
Que, este Anteproyecto llevaría a resultados insólitos como, por
ejemplo, que el condenado por abuso sexual gravemente ultrajante realice
trabajo voluntario en vez de cumplir pena de prisión. Además, podría realizar
dichas tareas comunitarias en una escuela y no podría ser controlado ni por el
Servicio Penitenciario ni por el Patronato de Liberados, si no solamente por
los directivos del colegio.
Que, en la actualidad, delitos como el homicidio agravado (por ejemplo,
matar por motivos de odio racial, matar a ascendiente, descendiente o pareja,
matar con ensañamiento), el robo, el abuso sexual y el secuestro seguidos de
muerte tienen penas de prisión perpetua. En el Código Actual, los condenados a
prisión perpetua pueden solicitar (lo que no significa que obtengan) la
libertad condicional luego de cumplidos 35 años de prisión efectiva.
Que, el Anteproyecto elimina la prisión perpetua, estableciendo como
pena máxima los 30 años, por lo que delitos como los mencionados o los nuevos
fenómenos de sicariato, asesinos a sueldo, asesinos en serie, violadores en
serie y condenados por delitos de humanidad, no podrían ser condenados a
prisión perpetua, sin importar la gravedad de sus acciones e incluso la
cantidad de personas que mataron.
Que, en la práctica esto significara que los condenados por los delitos
más graves, como Robledo Puch, Musa Azar, los asesinos de Cabezas, el condenado
por el triple crimen de General Rodríguez, el padrastro de Tomas Santillán o
Eduardo Vázquez, asesino de Wanda Taddei, cumplirán solo 20 años de condena, e
incluso menos, ya que podrán acceder a los beneficios de la pena alternativa
que establece el nuevo Código.
Que, así, los delincuentes más peligrosos del país pedirán la revisión
de sus condenas, y por aplicación de la ley posterior más benigna, solicitaran
su inmediata libertad. De receptarse este Anteproyecto, se dará lugar a una
especia de amnistía general, en la que se “abrirán las puertas de la cárcel” e
infinitos delincuentes saldrán en libertad.
Que, actualmente, el Código Penal prevé como agravante a considerar para
la condena el hecho de que el condenado sea reincidente (no puede acceder a la
“probation” ni a la libertad condicional; se tiene en cuenta su reincidencia al
momento de establecer la nueva condena; el multireincidente recibe la pena de
reclusión por tiempo indeterminado).
Que, en el Anteproyecto, cada
nuevo delito que se comete opera como si fuese el primero. Así, se eliminan
todas las consecuencias para el reincidente e incluso se borra esta categoría.
Que, como primer efecto, todos los reincidentes y multireincidentes
(como por ejemplo, un violador que fue condenado y volvió a abusar sexualmente
o un asesino en serie), solicitarán la revisión de su condena para ser
inmediatamente liberados.
Que, además, los jueces, al momento de establecer la pena a un
reincidente, no podrán considerar dicha condición como agravante para la misma.
Así, un violador sexual que haya abusado de un sinnúmero de víctimas, será
juzgado como si cada vez fuese su primer delito. Esto es alentador y para nada
ejemplificador para los delincuentes ya que con el nuevo Anteproyecto “matar a
uno, es igual que matar a cien”.
Que, además, los reincidentes podrán acceder a la “probation” y a las
penas alternativas. Esto daría lugar a resultados insólitos, como que un
individuo cometa muchos delitos, como cientos de abusos sexuales, y nunca tener
prisión efectiva, si no “probation” o una pena alternativa.
Que, el Anteproyecto prevé numerosos y diferentes atenuantes y eximentes
a las penas.
Que, el más grave, quizás, es el que se establece en el artículo 41,
apartado segundo, inciso a del Anteproyecto, según el cual el juez puede
intervenir en una pena ya fijada para evitar o reducir cualquier efecto
negativo de la misma. Claramente, dado que la mayoría de las condiciones
sanitarias y convivenciales de las cárceles en Argentina son deficitarias,
todos los condenados podrían solicitar al juez la revisión de su condena,
alegando esos efectos negativos.
Que, por otro lado, el artículo 18 del Anteproyecto menciona atenuantes
que deberán tenerse en cuenta al establecer la condena. Así, establece como
atenuante el hecho de tener menos de 21 años, lo cual no se condice con la
posibilidad de votar desde los 16 años.
Que, también, establece la posibilidad de reducir la pena en casos de
consecuencias lesivas durante la ejecución del delito para el delincuente. Esto
significaría por ejemplo, que se le reduciría la pena a un ladrón que se cae
cuando está escapándose por el muro de una casa y se lesiona; un delincuente
que sufre heridas en un tiroteo con la policía; un violador que sufre heridas
defensivas de su víctima; etc.
Que, otros atenuantes consisten, por ejemplo, en la reducción de la pena
por debajo del mínimo cuando el delincuente hubiese sido objeto de tortura,
vejaciones o tormento durante su detención, cuidado o transporte o hubiera
sufrido un daño en la salud por la inseguridad de los lugares de detención o de
los medios de transporte. Así, habrá que explicarle a la víctima de un abuso
sexual agravado, que se ha impuesto una pena alternativa o se ha eximido de
prisión al delincuente debido a los excesos de los funcionarios públicos.
Que, finalmente, debe mencionarse que se han eliminado los agravantes
relacionados con la violencia de género (actual artículos 80 inciso 11 y 80
inciso 12) incorporados recientemente por la Ley 26.791 del 14 de diciembre de 2012,
lo cual demuestra un retroceso en la materia.
Que, los menores de 18 años no son alcanzados por las disposiciones del
Anteproyecto, lo que significa que no pueden imputárseles los delitos del
mismo.
Que, de este modo, quedara un vacío legal que impediría que los menores
puedan ser detenidos por personal policial, y mucho menos ser juzgados, ya que
por más de que mataran a una persona, no estarían cometiendo delitos.
Que, esto implicaría que, por aplicación de la ley posterior más
benigna, deberían liberarse todos los menores condenados y discontinuar los
procesos contra menores.
Que, el artículo 53 del Anteproyecto establece que los registros de
sentencias condenatorias solo podrán brindarse con expreso consentimiento del
imputado o sus causahabientes. Además, establece que dichos registros caducarán
a los 8 años para penas inferiores a los 3 años, y a los 10 años para penas
superiores a dicho plazo.
Que, en la práctica, esto significa que no se podrán crear bancos de
datos para la investigación criminal y la asistencia al poder judicial al
momento de ejercer o resolver causas (por ejemplo, datos de muestra de sangre o
de genética).
Que, el artículo 42 del Anteproyecto establece diferentes situaciones en
las que el Ministerio Publico Fiscal puede no promover la acción penal o
desistir de la ya promovida.
Que, los casos que establece el Anteproyecto se refieren a hechos de
menor cuantía, cuando el delincuente sufriera consecuencias de gravedad, cuando
la pena en expectativa careciera de importancia en relación con otra pena ya
impuesta, y cuando mediara conciliación.
Que, resulta evidente que la mayoría de los delitos que se cometen
diariamente, no afectan “gravemente” al interés público. Si a este hecho se le
suma el abarrotamiento de los tribunales penales, se entiende que la tendencia
será a reducir la cantidad de hechos investigados.
Que, debe destacarse, además, que el fin del proceso penal no es
solamente la imposición de una pena sino también la obtención de la verdad, por
lo que la facultad del Ministerio Publico Fiscal de no investigar dejaría a
muchas víctimas sin este derecho y a muchos delitos impunes.
Que, el artículo 43 del Anteproyecto amplía el abanico de delitos que no
se investigan si no media denuncia de la víctima o sus representantes legales.
Que, conforme esta disposición, la policía no podría intervenir, por
ejemplo, en un robo en el que el delincuente ingresa a un local y sustrae
mercadería, ya que necesitaría esperar a la denuncia formal del damnificado.
Que, a esto debe agregarse una triste realidad de nuestro país,
consistente en que mucha gente no realiza las denuncias correspondientes ya que
consideran que quedan impunes.
Que, en sus artículos 34 y 35, el Anteproyecto establece la pena de
multa como pena alternativa a la prisión. Esta situación torna aberrante la
idea del castigo oficial por parte del Estado.
Que, por otra parte, beneficiaría a las personas de alto poder
adquisitivo que podrían reemplazar la pena de prisión ofreciendo un pago a las
víctimas. Así, en un caso similar a Cromañón, según la pena del delito de
estrago prevista en el artículo 184 del Anteproyecto, un empresario podría
canjear su pena de prisión por una multa.
Que, el legislador nacional, de acuerdo al artículo 5 y 121 de la
Constitución Nacional, no tiene atribuciones para dictar leyes procesales
penales, no obstante lo cual, el Anteproyecto, delimita, entre líneas, muchas
cuestiones de ese tipo que son de competencia propia de las provincias.
Ejemplos de esto son el ejercicio de la acción penal, el criterio de
oportunidad, la decisión sobre qué juez deberá controlar la ejecución penal.
Que, en esta misma línea, el Anteproyecto intenta
establecer una estructura judicial, al imponer el modo en que deben llevarse a
cabo los controles de las formas de cumplir las penas, por ejemplo al referirse
a las penas alternativas.
Que en razón de todo
lo expuesto, resulta claramente inoportuno e inadmisible el pretendido
tratamiento de este Anteproyecto de reforma al Código Penal de la Nación y,
claro está, mucho menos su posible aprobación, frente a una sociedad que
pretende lograr el equilibrio y la paz social basados en los principios
valorativos de la acción y la sanción, y que encuentra en este Anteproyecto una
clara manifestación de disvalores poco comprensible.
Por todo ello el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
sanciona con fuerza de:
RESOLUCIÓN
Artículo
1°: Expresar nuestro más enérgico repudio al Ante Proyecto de Ley de reforma
del Código Penal Argentino, elaborado por una Comisión de expertos encabezada
por el DR. Eugenio Zaffaroni, y del que diera cuenta recientemente la Sra.
Presidente de la Nación por considerarlo inoportuno, improcedente e inadmisible
frente a una sociedad que pretende lograr el equilibrio y la paz social basados
en los principios valorativos de la acción y la sanción.
Artículo
2°: Elévese a través de las autoridades de éste Honorable Cuerpo a ambas
Cámaras Legislativas provinciales y al Congreso de la Nación Argentina
Artículo
3°: Comuníquese,
Regístrese, Publíquese y Archívese.-
Dado en sala de sesiones a los 3 días del mes de abril de 2014.-